Mientras un proyecto que puede cambiar el panorama discriminatorio espera tratamiento en el Senado, especialistas del tema insisten en que esta realidad requiere de reformas judiciales con perspectiva de género.
La cuota alimentaria, un derecho difícil de ejercer sin justicia con perspectiva de género
En Argentina no hay criterios uniformes para fijar la cuota alimentaria para hijas e hijos y son las madres las que deben negociar el acceso a ese derecho en un proceso legal engorroso y costoso, donde la violencia económica dice presente.
Es una realidad que requiere de reformas judiciales con perspectiva de género, según profesionales que investigan el tema, mientras en el Senado espera tratamiento un proyecto que puede cambiar este panorama discriminatorio para mujeres, niñas y niños.
La legislación argentina establece que, tanto la madre como el padre tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos e hijas, alimentarlos y educarlos, lo que debe mantenerse cuando la pareja ya no conviva.
Pero allí aparece la cuota alimentaria, que se convierte en un problema que tiene múltiples derivaciones, impactando en la vida de la madre, hijas e hijos, en procesos que suelen ser humillantes donde la mujer debe presentar ticket de la comida que compró para alimentar a la niña o de la peluquería donde se cortó el pelo el niño.
Eso ocurre a pesar de que toda persona sabe que tener un hijo o una hija tiene un costo económico siempre, que no cesa cuando hay una separación.
«Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género»
Mariana Gras
Estas problemáticas cotidianas suceden porque «el sistema de cuotas alimentarias en nuestro país se fijó alrededor de la judicialización, basado en un esquema antiguo o diferente a la economía que existía en Argentina, donde si la persona no cumple con la obligación de cuota alimentaria, se le debe embargar un sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, que no siempre aparecen», explicó en una entrevista con Télam la abogada feminista Sabrina Cartabia.
Entonces aparece el primer obstáculo que «es difícil y a veces imposible» de salvar y por lo tanto impide ejecutar la cuota alimentaria.
Según datos oficiales, entre el 35 y el 40 por ciento de las personas tienen empleos no registrados en el país.
Si bien hay posibilidades de que la madre y el padre acuerden de manera privada un monto en una negociación que involucre a profesionales del derecho o a través de una mediación, estas situaciones son las menos, y entonces llega la judicialización.
¿Quién se hace cargo del proceso judicial? La mujer.
«Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género y que entienda que detrás de cada expediente hay un derecho que no se ejerce, porque un derecho judicializado es un derecho que no se ejerce», dijo a Télam Mariana Gras, de la Mesa Nacional del partido Identidad que integra el Frente de Todos.
La ex titular del extinto Instituto Nacional de las Mujeres vuelve a la escena pública con un partido que se define «nacional, popular y feminista» y donde la problemática de la cuota alimentaria «surgió como una demanda en un universo de mujeres transversal a todos los sectores sociales que no está teniendo, a nuestro criterio, la visibilización que requiere».
Lo que visibilizan la mujeres que atraviesan estos proceso judiciales son instancias largas -mientras las y los hijos deben seguir comiendo-, intrincadas, que implican pagar un asesoramiento legal que, muchas veces, es mas costoso que el monto de la cuota alimentaria que obtienen.
«Hay baches en la legislación que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres», analizó Cartabia.
En cuanto a los baches legislativos, espera tratamiento en el Senado un proyecto de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT) aprobado en la Cámara Baja, para que las obligaciones alimentarias queden exceptuadas de la prohibición de actualización dispuesta por la Ley 23.928 del año 1991 que prohíbe la actualización monetaria.
Con esta iniciativa «aseguramos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada vez que erradicamos una desigualdad, estamos dando un paso más hacia la justicia social», definió en diálogo con Télam la legisladora.
«La introducción de la perspectiva de género sabemos que es un mandato constitucional y de derechos humanos, el tema es cómo incidimos en los operadores jurídicos para que cumplan con esto»
Sabrina Cartabia – Abogada
Las madres «que son quienes en su mayoría inician los juicios de alimentos en favor de sus hijos o hijas podrán solicitar a los jueces o juezas que fijen pautas de actualización. En consecuencia, se le ahorra a la mujer atravesar de nuevo la situación del juicio, las discusiones, los honorarios de abogados o abogadas. Pero, además y centralmente, se evita las repercusiones que la litigiosidad genera en los hijos o hijas», destacó Álvarez Rodríguez.
Para tener un panorama un poco mas claro hay que detenerse en la situación de las madres, sobre todo en este contexto de pandemia por coronavirus.
La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género que está a cargo de Mercedes D’Alessandro elaboró un informe que detectó que el 69% de las personas en situación de pobreza en el país son mujeres.
Citando la misma fuente, Gras aportó que «6 de cada 10 hogares monoparentales, es decir que están a cargo de mujeres, son pobres en Argentina, y de esos 6 hogares monoparentales sabemos que 3 de cada 4 no perciben la cuota alimentaria aunque les correspondería».
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) aportó otras cifras el año pasado en un informe que reveló que 8 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos e hijas y que sólo 1 de cada 4 cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria.
«Hay baches en la legislación que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres»
Sabrina Cartabia
El sistema judicial «tiene varios problemas, la introducción de la perspectiva de género sabemos que es un mandato constitucional y de derechos humanos, el tema es cómo incidimos en los operadores jurídicos para que cumplan con esto y cómo los evaluamos en su desempeño previo, antes de asumir, en los concursos, en los exámenes», aseguró Cartabia.
La especialista se refirió también a la responsabilidad de profesionales del derecho. «Tuve varios casos donde el abogado del varón les aconsejaba ejercer violencia económica para que las mujeres, asfixiadas económicamente, sin poder hacer frente a las obligaciones, negociaran una cifra a la baja. He visto cómo les cortaban el gas en pleno invierno por falta de pago en el medio de una negociación para que las mujeres cedieran», contó.
Y la violencia económica y patrimonial definida en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres «está presente en estas situaciones, porque si se tiene un hijo y no se hace cargo de ese hijo, se ejerce violencia contra la mujer y les hijes», afirmó Gras.
Para la dirigente «hay que construir leyes que regulen y normen y le saquen esta carga a las mujeres, y por otro lado construir políticas públicas que formalicen las redes de cuidado y que permitan que el Estado esté presente, para que las familias monoparentales puedan salir a buscar trabajo».
Gras anticipó que desde ‘Identidad’ van a organizar conversatorios para «sentar a todos los sectores de organizaciones y poderes del Estado y empezar a construir políticas públicas a la altura de las circunstancias».
También que van a desarrollar una aplicación «para estar conectadas virtualmente, donde las mujeres estemos en contacto, contemos experiencias y sea un lugar de escucha».
Nota publicada en Telam
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